Invitada al Encuentro Anual del Sector Construcción de Bogotá y Cundinamarca, la Rectora Myriam Astrid Angarita Gómez llegó con una propuesta preparada: formar talento con criterio, reducir costos comprobables y preparar la vivienda para una población que envejece.
Con esa pregunta abrió su intervención Myriam Astrid Angarita Gómez, Rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en el panel “Construir resiliencia: los retos que definirán el futuro del sector”. El panel hizo parte de “Retos que construyen futuro”, el Encuentro Anual del Sector Construcción de Bogotá y Cundinamarca, que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realizó en su sede de Chapinero.
El encuentro es una iniciativa del Clúster de Construcción de la CCB, que promueve la innovación, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático en el sector. La Cámara convocó a empresarios, gremios, academia y entidades en torno a una pregunta común: cómo desarrollar empresas, edificaciones y ciudades más resilientes.
Fue Sandra Betancur, directora del Macrosector de Construcción, Energía, Agua y Economía Circular de la CCB, quien invitó a la Rectora a acompañar la conversación.
La invitación apuntaba a un tema concreto: los desafíos de la formación del talento humano que necesita el sector. La Rectora Myriam Angarita llegó con una intervención preparada por escrito, con cifras, referentes y propuestas, y eso le permitió conectar la formación con asuntos que atraviesan toda la conversación: el costo de la vivienda, el valor social de los proyectos y el cambio demográfico.
Para la Rectora Angarita Gómez, el primer desafío de la academia es enseñar a leer el contexto. A veces, explicó, se trasladan modelos urbanos a municipios o al campo sin comprender que cada territorio tiene su clima, sus suelos, su cultura y sus formas de habitar. Su respuesta fue clara: “Antes de diseñar, necesitamos escuchar a quienes viven allí y entender qué necesitan, qué pueden pagar y cómo podrán mantener la solución propuesta”.
Esa mirada integral exige conectar ingeniería, ambiente, gestión y comprensión social. Anticipar riesgos implica conocer las amenazas físicas, pero también saber quiénes son más vulnerables, qué servicios deben seguir funcionando y cómo podrá recuperarse una comunidad.
BIM, inteligencia artificial y datos apoyan el diseño y la coordinación, pero con una condición: “El profesional tiene que verificar sus resultados y asumir sus decisiones”. Su apuesta por ciudades y territorios inteligentes es que usen la información para cuidar el agua, gestionar la energía, anticipar riesgos y mejorar la vida de las personas, y que esa oportunidad llegue también a los municipios pequeños y a las zonas rurales.
Uno de los puntos centrales fue cómo reducir el costo de una vivienda digna y lograr que esa mejora llegue a las familias. La asequibilidad no depende solo del precio: también cuentan la cuota inicial, la financiación y los gastos posteriores de servicios, mantenimiento y transporte.
Su propuesta es una agenda conjunta entre empresas y universidad con cinco frentes:
La rentabilidad financiera permite que los proyectos se desarrollen y perduren, pero no cuenta toda la historia. La Rectora invitó a evaluar además el valor social: acceso a servicios, empleo local, seguridad y oportunidades, y quién recibe los beneficios y quién asume los costos. Su deseo es que, en diez años, un proyecto se juzgue por su viabilidad económica y por sus efectos sociales y ambientales.
El país envejece. Según las proyecciones del DANE, las personas de 60 años o más pasarán del 13,2 % de la población en 2018 al 24,6 % en 2050. Por eso, dijo, las viviendas que se construyen hoy “deben poder acompañar distintas etapas de vida”, con accesibilidad, autonomía y cuidado desde el diseño y con un esfuerzo paralelo para adaptar las viviendas existentes.
De las ideas a los pilotos
La propuesta concreta es un primer ciclo de doce meses de un Hub que conecte “un reto, un equipo capaz de abordarlo y un proyecto donde probar la solución”. Arrancaría con tres pilotos: productividad y reducción de costos, materiales regionales o circularidad, y vivienda adaptable y accesible.
Cada uno tendría línea base, presupuesto, reglas sobre datos y propiedad intelectual e indicadores de desempeño. Se medirían los ahorros comprobados, el gasto que enfrenta el hogar, las competencias adquiridas y los beneficios para la comunidad. Su selección y financiación se acordarían con empresas, entidades públicas y comunidades.
La formación, agregó, debe alcanzar a toda la cadena: profesionales, técnicos, tecnólogos, maestros de obra, operarios y pequeñas empresas, con trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida que reconozcan la experiencia de los trabajadores.
Y cerró con una idea que resume su participación: “Construir es una responsabilidad con la vida de las personas”.